Políticos que blanquean dinero irán más años a prisión

El Congreso de los Diputados aprobará una modificación del artículo 301 del Código Penal relativo al delito de blanqueo de capitales, para incrementar sustancialmente las penas para aquellos cargos públicos que cometan este delito. Se le impondrá la mitad superior de la pena, es decir, de tres a seis años a quienes cometan blanqueo de capitales vinculado a los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraude y exacciones ilegales, negociaciones prohibidas para funcionarios públicos o abuso en el ejercicio de la función pública, delitos asociados a causas con políticos imputados. Hasta ahora, el citado artículo 301 sólo contemplaba la imposición de las penas en su mitad superior en temas de narcotráfico.

Este cambio en el Código Penal viene dado a la aplicación de la Directiva de la Unión Europea 2018/1673, la cual solicita a los estados miembros que “debido al impacto que los delitos de blanqueo de capitales cometidos por quienes ostenten un cargo público producen en la esfera pública y la integridad de las instituciones públicas, los estados miembros deben poder considerar la posibilidad de prever sanciones más severas para los titulares de cargos públicos según sus respectivos marcos nacionales y de conformidad con sus tradiciones jurídicas”.

En la directiva se especifica que “a fin de prevenir el blanqueo de capitales en toda la Unión, los Estados miembros deben garantizar que sea punible con una pena máxima de privación de libertad de al menos cuatro años. Esta obligación se entiende sin perjuicio de la determinación a título individual y de la aplicación de sanciones y ejecución de condenas de conformidad con las circunstancias concretas de cada caso individual”.

La Unión Europea es clara al respecto de la necesidad de estos cambios, aunque se considera que la directiva no es suficientemente exhaustiva, y la actual tipificación del blanqueo de capitales carece de la suficiente coherencia para luchar eficazmente contra este delito en toda la Unión Europea, dado que existen vacíos en materia de ejecución y obstáculos en la cooperación entre las autoridades competentes de los distintos Estados miembros. La Unión Europea también ha solicitado que se amplíe y contemplen otros tipos delictivos.

Finalmente, en España se tiene previsto modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal; un anteproyecto que regulará por primera vez las criptomonedas. De esta forma, los delitos de naturaleza fiscal, contra la Seguridad Social, el blanqueo de capitales, el espionaje informático y las estafas e insolvencias han sido los asuntos que han copado el Compliance Penal en la última década.

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