Andorra: paraíso fiscal?

No hay consenso sobre si Andorra es o no un paraíso fiscal. La Unión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) no lo consideran así desde 2018. Por el contrario, la ONG Oxfam Intermón sí mantiene a Andorra en su listado de 73 países considerados paraísos fiscales por su baja presión tributaria, esto es, el porcentaje de los ingresos aportados al Estado en relación al producto interior bruto. No en vano este país sigue siendo un importante refugio financiero gracias a sus reducidos impuestos, y a causa de esas ventajas fiscales, grandes fortunas, estrellas del cine, música y el deporte, han fijado su sede en Andorra para pagar menos impuestos. Aunque esto no es ilegal, la elusión fiscal sí es polémica, pues el país de origen de estas personas, donde normalmente les correspondería tener su domicilio fiscal, pierde ingresos necesarios para sufragar, entre otras cosas, el estado del bienestar de sus ciudadanos. 

Ahora bien, uno de los factores que determinan si un país es un paraíso fiscal es el secreto bancario, es decir, la prohibición de revelar información sobre las cuentas de los clientes a personas ajenas a la entidad financiera. A través de varios convenios de transparencia, Andorra abandonó el secreto bancario en 2017, permitiendo el intercambio de información con la Unión Europea y la OCDE, y consiguiendo así salir de sus listas negras; no obstante, esta decisión tuvo consecuencias negativas para la banca andorrana, que vio disminuido el número de depósitos de inversión extranjera.

Por otra parte, en el caso de España, esta retiró a Andorra de su lista de paraísos fiscales en 2010, tras acordar varias medidas bilaterales. El pacto estableció el compromiso de Andorra de adaptar sus leyes en conformidad con los principios de la OCDE, así como a establecer una colaboración con la Agencia Tributaria española, incluyendo la posibilidad de realizar inspecciones fiscales en el país.

Ahora bien, como profesionales del Compliance sabemos que el riesgo reputacional es uno de los que más daño puede hacer, y en este caso, Andorra sigue en proceso de limpiar la reputación de su sector financiero después de escándalos donde la Banca Privada de Andorra, fue acusada por el Tesoro de Estados Unidos de blanqueo de capitales en el año 2015. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional admitió a Andorra como nuevo miembro en 2020, contribuyendo a una mejora en la imagen económica para el país.

Existen actualmente cerca de un centenar de paraísos fiscales, según el criterio de algunas instituciones, Andorra ya no es un paraíso fiscal a causa de su compromiso por una mayor transparencia de datos, sigue siendo un destino fiscal atractivo gracias a sus bajos impuestos. No obstante, al inicio de este año, se publicó el Índice de Percepción de la Corrupción revelando un sombrío del estado de la corrupción en todo el mundo, la mayoría de los países evaluados no ha registrado ningún avance en la lucha contra la corrupción en casi una década y más de dos tercios puntúan por debajo de 50 (les adjunto una imagen con los resultados más adelante). Sin embargo, aun en dicho índice, por ejemplo, se echa en falta ver Andorra; además de que aun se pueden leer investigaciones realizadas por distintos diarios, en este caso, EL PAIS de España, quien recientemente publicó que «Una firma española pagó 2,7 millones de euros a la red de sobornos de exministros de Chávez», donde una juez imputa al fabricante de generadores Ingelec por transferir fondos a la trama de los chavistas Villalobos y Alvarado.

En concreto, la investigación señaló que el fabricante sevillano de generadores Ingelec pagó 2,7 millones de euros (3,2 millones de dólares) a una red dedicada a cobrar sobornos a empresas, a cambio de adjudicaciones públicas en Venezuela durante el Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013), según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Una jueza de Andorra, donde esta trama ocultó entre 2007 y 2012 un botín de 2.000 millones de euros (2.400 millones de dólares) , imputó el pasado mayo a Ingelec por un presunto delito de blanqueo de capitales. El dinero acabó en una cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA) utilizada para pagar gastos del empresario Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, ministro de Petróleo de Venezuela entre 2002 y 2014, y expresidente de la estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA).

Fuente: https://www.transparency.org/en/cpi/2020

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