El impacto devastador de los delitos medioambientales

El Presidente del GAFI, advierte del impacto devastador de los delitos medioambientales y afirma que los gobiernos deben actuar ahora para hacer frente a esta actividad ilegal de 281.000 millones de dólares. El blanqueo de dinero vinculado a los delitos medioambientales es un problema importante que los gobiernos suelen pasar por alto. El dinero ilícito procedente de delitos como la tala ilegal y el vertido de residuos contribuye a financiar la delincuencia organizada y alimenta la corrupción.

Al mismo tiempo, se destruyen hábitats y ecosistemas naturales, se mata a la fauna y flora silvestres y se saquean recursos preciosos. Por ello, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha dado prioridad a ayudar a los países a comprender los riesgos a los que se enfrentan y a tomar medidas eficaces. Se calcula que los delitos contra el medio ambiente generan cada año entre 110.000 y 281.000 millones de dólares en ganancias delictivas.

Se trata de un delito de «bajo riesgo y alta recompensa», ya que las organizaciones criminales internacionales que ganan miles de millones saqueando el planeta saben que rara vez se enfrentan a una investigación o a un proceso judicial. El GAFI, en su calidad de organismo de control mundial del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, lidera la acción internacional para cambiar esta situación, pero necesitamos que otros lo conviertan en una cuestión prioritaria. En resumen, es hora de que los gobiernos y el sector privado actúen.

La lucha contra el dinero ilícito que alimenta los delitos medioambientales debería formar parte de una solución mucho más amplia para ayudar a salvar nuestro clima. Durante la COP 26 celebrada en Glasgow el pasado mes de noviembre, se prometieron 19.000 millones de dólares para acabar con la deforestación y revertirla antes de 2030 (compara esta cantidad con la magnitud del problema).

Según las estimaciones, sólo la tala ilegal supone 152.000 millones de dólares al año. La industria maderera ilegal es responsable de hasta el 90% de la deforestación tropical en algunos países. Por eso, mientras el mundo está dispuesto a hacer promesas sustanciales para luchar contra la deforestación, debemos intentar al mismo tiempo reducir la rentabilidad de la tala ilegal.

Una mayor concienciación policial, una mayor capacidad operativa, la mejora de la cooperación transnacional y las medidas anticorrupción marcarán la diferencia. Sin embargo, el seguimiento de los beneficios sucios relacionados con los delitos medioambientales también puede desempeñar un papel crucial para acabar con las organizaciones criminales implicadas. Por otra lado, pocos países han tenido en cuenta su exposición al dinero sucio procedente de los delitos medioambientales, según muestra la investigación del GAFI. Las evaluaciones nacionales del riesgo de blanqueo de capitales no suelen tener en cuenta los delitos medioambientales.

Muy pocas autoridades llevan a cabo rutinariamente investigaciones financieras para detectar las redes delictivas más amplias implicadas. Esto es problemático porque, sin seguir el dinero, es muy difícil detectar a los sindicatos criminales más amplios y a sus cabecillas. También impide que las fuerzas del orden utilicen los poderes y sanciones más fuertes previstos en las leyes contra el blanqueo de capitales. Por el momento, las multas por delitos contra el medio ambiente suelen ser muy bajas.

Un informe del GAFI sobre los riesgos de blanqueo de capitales procedentes de delitos medioambientales, publicado el año pasado, mostraba cómo los delincuentes utilizan empresas pantalla para mezclar bienes y pagos legales e ilegales en las cadenas de suministro.

El mes pasado, los responsables del GAFI, la ONU y otros entes se reunieron por primera vez para estudiar la forma en que los países y el sector privado pueden evaluar su exposición a los flujos financieros procedentes de los delitos medioambientales y hacer frente a la amenaza mediante una mayor colaboración.

El duque de Cambridge, por ejemplo lanzó una dura advertencia a los asistentes, diciendo que nos enfrentamos a una crisis mundial y que ahora es el momento de actuar. En el mismo acto, la primatóloga Jane Goodall subrayó la necesidad de perseguir a las personas que están en la cima de los cárteles internacionales implicados en los delitos medioambientales y el comercio ilegal de especies silvestres. Estoy de acuerdo con ambos.

El refuerzo de la lucha contra la corrupción, la priorización de la recopilación de datos y la aplicación efectiva de las normas del GAFI, como saber quiénes son los propietarios y los que controlan las empresas ficticias anónimas, se debatieron como áreas clave de actuación. La lucha contra el dinero sucio que llega a las empresas de los paraísos fiscales es un problema desde hace mucho tiempo. Las empresas pantalla anónimas, que ocultan a los verdaderos propietarios, suelen ser el vehículo elegido para ocultar los beneficios ilícitos obtenidos de los delitos medioambientales. Por desgracia, las lagunas normativas existentes han permitido a los delincuentes utilizar empresas pantalla para salirse con la suya con sus ganancias mal habidas. En 2021, el GAFI acordó revisar las normas mundiales sobre propiedad efectiva para acabar con esta práctica.

El GAFI sometió a consulta pública los cambios propuestos, incluida la necesidad de que los países establezcan un registro de beneficiarios reales o utilicen un sistema alternativo que permita un acceso eficaz a la información sobre la propiedad.

Esto garantizará que las autoridades tengan un buen acceso a información adecuada, precisa y actualizada sobre los verdaderos propietarios de las empresas que operan en sus países. Si el GAFI adopta estos cambios el próximo mes de febrero, se contribuirá a eliminar el secreto empresarial, ayudando a las autoridades nacionales a rastrear los fondos de los delincuentes implicados en delitos medioambientales y otras formas de financiación ilícita.

Tambiés es necesario que los bancos y las empresas del sector no financiero evalúen sus riesgos y consideren la posibilidad de ampliar los controles de los delitos financieros a los delitos medioambientales. Los países deben desarrollar y profundizar las asociaciones transfronterizas.

Las estrategias nacionales en materia de delitos financieros deben coordinarse con las políticas nacionales de aplicación de la legislación medioambiental y de protección, y viceversa. Las fuerzas del orden deben coordinarse con los expertos en delitos medioambientales, integrando de forma rutinaria las investigaciones financieras en los casos de delitos medioambientales. Y las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) deben profundizar en su conocimiento de este asunto, y proporcionar la información y orientación pertinentes a las fuerzas del orden y al sector privado.

Fuente: https://www.amlintelligence.com

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