Gobierno de España aprueba anteproyecto para proteger al denunciante

El pasado 4 de marzo, el Consejo de ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción, con el objeto de transponer la llamada “Directiva Whistleblowing” (UE) 2019/1937.

¿Cuál es el objetivo o propósito?

El propósito es establecer un marco jurídico armonizado que garantice una protección efectiva de aquellas personas que denuncien, según la nota informativa del Ministerio de Justicia, el objeto de la Directiva es proteger a todas aquellas personas que informen sobre corrupción o fraudes y violaciones del Derecho de la Unión Europea y del ordenamiento jurídico interno, mediante el establecimiento de canales protegidos de comunicaciones y la prohibición de cualquier represalia contra ellos.

Con lo cual, en el nuevo Anteproyecto de Ley establece un marco de obligaciones dirigidas tanto a empresas del Sector Privado como del Sector Público, por medio del cual deberán  habilitar sistemas o canales de comunicación que ofrezcan una protección real y efectiva a las personas que denuncien o informen sobre irregularidades y corrupción en el marco de las operaciones, subvenciones y adjudicaciones sospechosas que conozca en su ámbito laboral o profesional; por su puesto, garantizando la no represalia contra ellos.

 ¿Qué nos podemos encontrar en este nuevo anteproyecto?

  • La finalidad es la protección de las personas físicas que informen o denuncien acciones u omisiones en un contexto laboral o profesional que pudieran constituir infracciones de normativa en materia de derecho de la competencia, financiación pública o actos que puedan infringir la legislación aplicable al impuesto sobre sociedades. Cualquier infracción penal o administrativa o cualquier vulneración del resto del ordenamiento jurídico si pudiera afectar o menoscabar el interés general, como por ejemplo, el fraude económico a la Hacienda Pública.
  • Como Sujetos obligados afecta a:
    • Personas físicas o jurídicas del Sector Privado, incluyendo sucursales o agentes, que tengan contratados 50 o más trabajadores, o por su actividad presten servicios en mercados financieros, prevención del blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, seguridad del transporte y protección del medio ambiente. 
    • Partidos Políticos, Sindicatos, Patronales y Fundaciones que gestionen fondos públicos.
    • Todas las entidades del Sector Público, entendidas como Administración General del Estado, Administraciones de las comunidades autónomas y entidades de la Administración Local.
    • Organismos y Entidades públicas vinculadas o dependientes de alguna Administración pública, así como aquellas otras asociaciones y corporaciones en las que participen Administraciones y organismos públicos.
    • Autoridades Administrativas Independientes y las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social, Universidades Públicas, Corporaciones de Derecho Público, Fundaciones con determinados requisitos.
  • Obligación del Órgano de Administración o de Gobierno de las empresas para la   implementación de Sistemas Internos de Información, que permitan la comunicación de infracciones y su gestión, con todas las garantías de confidencialidad y protección de datos de carácter personal. Considerando, que los Grupos de Sociedades podrán establecer un único Sistema de Información para todas sus filiales o sucursales, adecuando su política de grupo a los requisitos de la norma.
  • Las empresas de entre 50 y 250 empleados podrán tener el Sistema de Información a nivel interno o externalizarlo, de ser externo, deberán garantizar las medidas adecuadas de independencia, confidencialidad, protección de datos y deber de secreto, así como cualquier normativa interna de la compañía o del grupo de sociedades.
  • Obligación de designación del responsable del Sistema Interno de Información, cuyas funciones deberán ser desarrolladas de forma independiente y autónoma respecto del resto de los órganos de organización de la entidad u organismo.
  • Existen importantes obligaciones de protección de datos a considerar en la implantación y funcionamiento de los Sistemas de Información en relación con el tratamiento de datos referentes a informantes y personas investigadas. Así como, también regula los sistemas internos de información, que se perfilan como cauce preferente dentro de la libertad del informante para elegir el canal a seguir según las circunstancias y los riesgos de represalias que considere, garantizando asimismo el respeto a la legislación específica en la materia y para distintos sectores como son el financiero, de seguros, de auditoría, de competencia o de mercados de valores, etc.

Por parte del Estado, las empresas públicas además de tener la obligación de cumplir con esta directiva, también el Estado en sí mismo tiene la obligación de proteger a los informantes porque la corrupción reduce el atractivo de inversión en el país, sin perjuicio de los perjuicios reputacionales derivados de que la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción a principios de febrero contra España por no trasponer a tiempo la nueva norma europea; y segundo, que en el índice de percepción de transparencia internacional del año 2021 publicado a principios de este año, reflejó que España disminuyó en dicho ranking.

Para finalizar, este Anteproyecto de Ley plantea muchas consideraciones similares a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, ya que reconoce el derecho de protección de los alertadores; los sistemas de información o canales de denuncia deberán cumplir con requisitos relacionados con la confidencialidad y la protección de datos; y además, se creará una Agencia de Protección como organismo autónomo con capacidades de inspección, publicación de directrices y guías, entre otras. Sin perjuicio, de que este Organismo podrá también aplicar el régimen sancionador de las infracciones, que pueden llegar a ser de  hasta 1 millón de euros en casos muy graves, como lo se le aplicaría a quien tome represalias contra el denunciante de un delito de corrupción.

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