Desde el cohecho al blanqueo de capitales: los delitos de los que se libra Juan Carlos I

La Fiscalía ha arrojado en su investigación claros indicios de delitos como el de “cohecho”, al recibir Juan Carlos I (siendo jefe de Estado) una donación de 100 millones de dólares del Rey Saudí u otra de 9 millones de Simeón de Bulgaria. Sin embargo, la Fiscalía ha decidido archivarla por “prescripción” y a su vez, impide las acusaciones de “blanqueo de capitales”, con lo cual queda exonerado de responsabilidad penal por sus negocios opacos y su patrimonio escondido del fisco.

No obstante lo anterior, quienes trabajamos en el cumplimiento normativo sabemos que el riesgo reputacional hace tanto daño como un riesgo legal o financiero, y de esta forma pese al archivo de las investigaciones prejudiciales del Ministerio Público, la imagen del exjefe del Estado aún arrastra manchas difíciles de borrar, debido a que la Fiscalía ha constatado delitos, como el de cohecho, que no le son imputables por la inviolabilidad de la que gozó hasta su abdicación, en 2014, y por la prescripción de los ilícitos. Sin mencionar, las dos regularizaciones ante Hacienda, en diciembre de 2020 y febrero de 2021, consentidas por la Fiscalía, pese a haber sido advertido por ella de que se le estaba investigando por presuntos delitos fiscales, lo que invalidaría una regularización para un ciudadano de a pie.

¿Qué es el cohecho?

El cohecho es un delito contra la Administración Pública que se encuentra recogido en los artículos 419 y 427 del Código Penal. Se entiende como cohecho el soborno a una autoridad o funcionario público mediante un precio, una dádiva o un favor a cambio de realizar u omitir un acto inherente a su cargo, y también cuando retrasa injustificadamente un acto que debe practicar. Es decir, según el Código Penal, el delito de cohecho lo comete la autoridad o funcionario público que reciba o solicite un favor, regalo, ofrecimiento, promesa o cualquier tipo de retribución para realizar o no realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo, pero también la persona que lo ofrece. La recompensa puede aceptarla en provecho propio o de un tercero, y aceptarla por sí mismo o mediante una persona interpuesta.

¿Qué es el blanqueo de capitales?

El blanqueo de capitales es un delito contra el patrimonio y el orden socioeconómico que consiste en realizar ciertas actuaciones con el objetivo de incorporar al tráfico económico legal determinados bienes que proceden de acciones ilegales. Se encuentra regulado en los artículos 298 a 304 de Código Penal. A través del blanqueo de capitales, se consigue dar una apariencia de legalidad a un bien obtenido ilegalmente, permitiendo el uso y disfrute del mismo. Es lo que comúnmente se llama «lavado de dinero» y pretende borrar los rastros de la procedencia ilícita de una cantidad de dinero o un bien.

Se trata de un delito que se ha importado de los instrumentos internacionales de lucha contra la criminalidad organizada, especialmente en lo que se refiere al tráfico de drogas. Los bienes jurídicos protegidos de este delito son dos: a) El funcionamiento legal del sistema económico y financiero y, b) La tutela de la Administración de Justicia, es decir, el interés del Estado en la persecución de los delitos, puesto que queda afectado mediante las actuaciones de encubrimiento.

¿Entonces cómo se puede librar el Rey de estos delitos tan graves para una sociedad?

La inviolabilidad de la que gozó entre 1975 y 2014 como rey de España y la prescripción han sido los motivos por los que el Ministerio Público para el archivo del delito de cohecho. La millonaria donación que recibió del rey de Arabia Saudí, 100 millones de dólares, en la cuenta en Suiza de la fundación panameña Lucum, de la que Juan Carlos I era el principal beneficiario, el 8 de agosto de 2008, podría ser según el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón «el regalo que pudiera haber sido recibido en consideración a la condición de Jefe del Estado, y, por tanto, susceptible de integrar el delito de cohecho del artículo 422 del Código Penal. Sin embargo, este posible delito estaría claramente prescrito». Paralelamente, la Fiscalía suiza, que también investigó este caso, de igual forma lo ha archivado al no poder determinar que la donación fuera en realidad una comisión ilegal por la adjudicación, en octubre de 2011, a un consorcio español para la construcción del AVE a la Meca.

Por otro lado, la investigación de la Fiscalía sobre el presunto delito de blanqueo de capitales en relación de un trust en el paraíso fiscal de Jersey, ha señalado que «probablemente nunca se conocerá con total certeza el origen de los fondos con los que fueron creados», en concreto la Fiscalía a indicado que los cinco millones de dólares integrados en los trusts Tartessos y Hereu, propiedad de Juan Carlos de Borbón, fundados en 1995 y 1997 respectivamente, en Jersey, procedían de una cuenta de la sociedad Nadine BVI Limited, que recibía ingresos de «personas anónimas» que por «razones desconocidas» en «las décadas de los 50, 60 y 70 del siglo pasado».

Posteriormente, en 1999 se transfirieron casi 9.000.000 de dólares, «también por razones desconocidas», a Tartessos Trust por orden de Simeón de Bulgaria, que por entonces no ostentaba cargo político alguno. Como titular de esos dos fondos opacos figuraba Manuel de Prado y Colón de Carvajal, administrador y mano derecha Juan Carlos de Borbón, hasta que murió, en 2009. Es de señalar que, Colón de Carvajal participó de esos negocios y acabó condenado por varios casos de corrupción.

¿Y qué del destino de los fondos?

En nombre del Rey emérito, se han comprado varios inmuebles en Suiza y en Gran Bretaña.

Es por eso que el Ministerio Público, lejos de proponer una investigación sobre un presunto testaferro de Juan Carlos I, archiva los expedientes concluyendo que no hay indicios que permitan dirigir reproche penal contra el rey emérito, en concreto un presunto delito de blanqueo de capitales.

Para finalizar, no obstante la postura de la Fiscalía y el Ministerio Público, como se indicó antes, de cara al riesgo reputacional, esto refleja o ha sacado a la luz dos fondos ocultos de los que dispuso el Rey sin dar explicaciones a las autoridades españolas. No olvidemos que, la calificación de España en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021, que publicó el pasado mes de enero “Transparency International”, ha supuesto la bajada de un punto en relación con el año pasado, obteniendo en esta ocasión un 61/100.

Con esta calificación, España ocupa la posición 34/180 del ranking global del IPC, junto con Lituania. Esto supone un descenso de dos puestos con respecto al IPC 2020. Por otro lado, España se ubica en el puesto número 14/27 de la Unión Europea, bajando, asimismo, dos posiciones con respecto al año pasado.

De acuerdo con la metodología utilizada en el IPC, una diferencia de un punto en un año, como el que ha bajado España en 2021, no es estadísticamente significativa. Sin embargo, sí que refleja que en España el nivel de corrupción incide en el buen funcionamiento de las instituciones democráticas, y requiere una urgente llamada a la acción por parte de las autoridades públicas, al sector privado y a la sociedad civil.

En cualquier caso, Transparency International España considera que una economía como la española, que se sitúa entre las 15 primeras del mundo, no debería estar por debajo de los 70 puntos en el Índice de Percepción si quiere mantener su imagen y competitividad, en ese sentido, reducir la corrupción es fundamental para garantizar la integridad política y el buen funcionamiento de las instituciones democráticas.

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