El conflicto de Ucrania y la aceleración de la regulación cripto

Desde que comenzó el conflicto, la población de Ucrania ha incrementado su percepción de los criptoactivos como un nuevo asset class en el que depositar y proteger sus ahorros, lo que ha incrementado sustancialmente su adopción”. Además, la flexibilidad que caracteriza a estos activos digitales está permitiendo la llegada de donaciones a Ucrania en un momento en el que las entidades bancarias encuentran dificultades para operar con normalidad o escasean sus reservas de divisas.

Sin duda, la dimensión global de estas actividades urge el desarrollo de iniciativas a nivel internacional que permitan establecer normas homogéneas y aportar seguridad jurídica en la operatividad con criptoactivos.

En este sentido se están observando algunos factores aceleradores. Sin ir más lejos, tenemos a potencias mundiales lanzando sus propias divisas digitales. China es uno de los países que posee un mayor avance en cuanto a CBDCs (Central Bank Digital Currencies), puesto que ya ha emitido el Yuan digital. En esta línea, Estados Unidos también está apostando por los activos digitales mediante la CBDC de la Reserva Federal, especialmente ante la reciente orden ejecutiva que anunció el presidente Joe Biden destinada a regular los activos digitales.

Por su parte, Europa se encuentra en fase de investigación para el lanzamiento del Euro Digital, que se espera que concluya en 2023.

Otro aspecto relevante será el crecimiento del uso de stablecoins. Estas también se encuentran en el foco de la orden ejecutiva de Biden, así como en el Reglamento MiCA que se encuentra en proceso de aprobación por parte de la Unión Europea.

Así las cosas, la volatilidad del actual entorno que se ha agudizado con el conflicto de Ucrania, urge la aceleración de la regulación de los criptoactivos para garantizar la seguridad operatividad y mantener la confianza desde una perspectiva de estabilidad financiera. Todo ello sin olvidar aprovechar la multitud de oportunidades que ofrece esta tecnología, especialmente en cuando a la dinamización del mercado y la creación de nuevos modelos de negocio y nuevas vías de transaccionar. Una carrera que ya están perfilando multitud de países, lo que podría derivar en el medio plazo en importantes retos geopolíticos y regulatorios.

La Unión Europea quiere una normativa única y armonizada para regular el universo de las criptomonedas. Hace una semana, el Parlamento Europeo dio un paso definitivo en esta dirección al dar luz verde a la propuesta de Reglamento MiCA (por sus siglas en inglés Markets in Crypto Assets), donde se rechazó la propuesta de enmienda para prohibir o restringir la circulación de los bitcoins.

Los expertos coinciden en la importancia de que esta normativa llegue cuanto antes. Bajo su punto de vista, una normativa que garantice un marco regulatorio común entre territorios disiparía las dudas de los inversores que aún recelan del mundo cripto. Esta norma, sin embargo, podría tardar en llegar un par de años. Hasta entonces, los activos digitales plantean numerosas aristas legales.  

Como Compliance Officer opino que es necesario una seguridad jurídica y uniformidad, al menos en el seno de la Unión Europea. Las reticencias principales son la alta volatilidad, la falta de respaldo gubernamental y, en mi experiencia, la poca regulación existente.

Para luchar contra la ciberdelincuencia, los organismos de control de cada país miran con lupa la actividad de los conocidos como Virtual Asset Service Providers (VASP), las empresas que permiten la compraventa de monedas virtuales y su custodia. Desde 2021, al menos en España, estos proveedores de servicios de criptomonedas tienen la obligación de registrarse en un listado oficial del Banco de España y pasar un fuerte filtro de medidas para prevenir la evasión de capitales y la financiación del terrorismo. No hacerlo puede derivar en sanciones millonarias.

Por su parte, países como Estados Unidos ha alentado estas asociaciones para apoyar investigaciones y enjuiciamientos en múltiples jurisdicciones, en particular aquellos que involucran a personas ubicadas en el extranjero, proveedores de activos digitales y organizaciones criminales transnacionales. Las solicitudes de asistencia judicial recíproca siguen siendo un mecanismo clave para mejorar la cooperación. Debido a que los actores ilícitos pueden destruir, disipar u ocultar rápidamente los activos digitales y las pruebas relacionadas, Estados Unidos ha desarrollado políticas para obtener pruebas y restringir los activos ubicados en el extranjero, reconociendo que los activos digitales y los datos y pruebas transaccionales asociados pueden almacenarse o ubicarse a través de medios tecnológicos. medios y procesos no contemplados por los métodos y tratados legales vigentes.

Para finalizar, debemos recordar que la naturaleza inherentemente global del ecosistema de activos digitales hace que las actividades de activos digitales sean particularmente adecuadas para llevar a cabo y facilitar delitos de naturaleza transnacional. Los clientes y los servicios pueden realizar transacciones y operar sin tener en cuenta las fronteras nacionales, lo que crea obstáculos jurisdiccionales. La lucha contra la actividad delictiva que involucra activos digitales requiere alianzas internacionales estrechas. Es decir, una estrecha colaboración con países / gobiernos para realizar investigaciones, realizar arrestos y confiscar activos delictivos en casos relacionados con la actividad de activos digitales.

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